[Durante 2001, el "principio de la precaución" para guiar la toma de
decisiones ambientales fue reconocido ampliamente como una alternativa
importante a la manera en que normalmente se hacen las cosas: el diario
NEW YORK TIMES escribió positivamente sobre la acción preventiva [1],
la comunidad ambientalista (mundial) adoptó el principio con
entusiasmo, y las corporaciones -las cuales habían comenzado a atacar
el principio de manera ruda en el año 2000 [2]- lanzaron un ataque más
sofisticado en 2001 [3].
A finales de 2001, 77 científicos y profesores de 16 países emitieron
la Declaración Lowell sobre la Ciencia y la Precaución [4]. La reunión
que produjo esta declaración ahora tiene su propio sitio web:
http://www.uml.edu/centers/lcsp/precaution/. Aquí les presentamos el
texto de la Declaración Lowell:]
Declaración Lowell sobre la Ciencia y el Principio de la Precaución, 17
de diciembre de 2001; Declaración de la Cumbre Internacional sobre la
Ciencia y el Principio de la Precaución; Presentada por el Centro
Lowell para la Producción Sustentable (Lowell Center for Sustainable
Production), Universidad de Massachusetts Lowell; 20-22 de septiembre
de 2001.
El aumento en la conciencia de la escala potencialmente inmensa de los
impactos humanos sobre la salud del planeta ha llevado al
reconocimiento de la necesidad de cambiar la manera en la cual se toman
las decisiones de protección ambiental y las maneras en las que el
conocimiento científico informa aquellas decisiones. Como científicos y
profesionales comprometidos a mejorar la salud global, llamamos al
reconocimiento del principio de la precaución como un componente clave
de la toma de decisiones de políticas ambientales y de salud, en
especial cuando deban tratarse amenazas complejas e inciertas.
Nosotros reafirmamos la Declaración Wingspread de 1998 sobre el
Principio de la Precaución [ver REHN #586] y pensamos que la
implementación efectiva de este principio requiere los siguientes
elementos:
** Ratificación del derecho básico de cada individuo (y de las
generaciones futuras) a un medio ambiente sano y que sostenga la vida,
como lo exige la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos;
** Reacción a las alertas tempranas, cuando hay evidencias creíbles de
que están ocurriendo daños o de que es probable que ocurran, incluso si
no se entienden totalmente la naturaleza y la magnitud exactas del daño;
** Identificación, evaluación e implementación de los enfoques más
seguros posibles que satisfagan las necesidades sociales;
** Asignación de la responsabilidad a los creadores de actividades
potencialmente peligrosas para que estudien minuciosamente los riesgos
y los reduzcan al mínimo, y para que evalúen y escojan las alternativas
más seguras que satisfagan una necesidad particular, con revisión
independiente; y
** Aplicación de procedimientos transparentes y globales para la toma
de decisiones; procedimientos que incrementen la participación de todos
los interesados y de las comunidades, en particular aquellas
potencialmente afectadas por la escogencia de una política.
Pensamos que la aplicación efectiva del principio de la precaución
requiere investigaciones científicas interdisciplinarias, así como
también la explicación clara de la incertidumbre involucrada en estas
investigaciones y sus hallazgos.
La toma de decisiones preventiva concuerda con la "ciencia sólida"
debido a las grandes áreas de incertidumbre y hasta ignorancia que
persisten en nuestro entendimiento de los sistemas biológicos
complejos, en la interrelación de los organismos, y en los posibles
impactos interactivos y acumulativos de los peligros múltiples. Debido
a estas incertidumbres, la ciencia a veces será incapaz de proporcionar
respuestas claras y seguras a preguntas importantes acerca de los
posibles peligros ambientales. En estos casos, las decisiones sobre las
políticas deben tomarse con base en un juicio sólido, con discusión
abierta y otros valores públicos, además de toda la información
científica disponible. Creemos que esperar por evidencias científicas
incontrovertibles de la existencia de daños antes de que se tome la
acción preventiva puede aumentar el riesgo de errores costosos que
pueden causar daños serios e irreversibles, no sólo para el ecosistema
y para la salud del bienestar humano, sino también para la economía.
Algunas de las maneras en las que actualmente se aplica la información
científica en la formulación de políticas pueden actuar en contra de la
capacidad de tomar acciones preventivas; por ejemplo tergiversando
limitaciones en el estado del conocimiento científico. Quienes toman
las decisiones a menudo buscan altos niveles de pruebas de vínculos
causales entre una tecnología y un riesgo antes de actuar, de manera
que sus decisiones estarán protegidas de las acusaciones de ser
arbitrarias. Pero frecuentemente no pueden alcanzarse altos niveles de
pruebas y no es probable que estén disponibles en el futuro inmediato.
Una presentación más completa y abierta de los científicos sobre las
limitaciones actuales en el entendimiento de los riesgos ambientales
animará la aceptación por parte del público y de quienes toman las
decisiones en nombre del gobierno, de la idea de que la acción
preventiva es una estrategia prudente y efectiva cuando los riesgos
potenciales son grandes y las incertidumbres también son grandes.
Sin embargo, lo que necesita mejoramiento no es sólo la comunicación
entre los científicos y los responsables de formular las políticas.
Nosotros pensamos que hay maneras en las que los actuales métodos de
investigación científica también pudieran retardar la acción
preventiva. Por ejemplo, las investigaciones se concentran a menudo en
[algunos] aspectos limitados y cuantificables de un problema, de manera
que, sin proponérselo, no consideran las posibles interacciones entre
los distintos componentes de los sistemas biológicos complejos, de los
cuales los seres humanos formamos parte. La compartimentación del
conocimiento científico impide aún más la capacidad de la ciencia para
detectar e investigar alertas tempranas y para desarrollar opciones
para evitar daños cuando hay involucrados riesgos ambientales y de
salud de largo alcance. Desafortunadamente, las limitaciones en las
herramientas científicas y en la capacidad de cuantificar las
relaciones causales frecuentemente son malinterpretadas por quienes
toman las decisiones en nombre del gobierno, por los científicos y por
los proponentes de las actividades peligrosas como si fuesen evidencias
de su seguridad. Sin embargo, no saber si una acción es dañina no es lo
mismo que saber que es segura.
Nosotros sostenemos que la implementación efectiva del principio de la
precaución exige métodos científicos mejorados y una nueva
interrelación entre la ciencia y las políticas que haga énfasis en la
actualización continua del conocimiento, así como también en la mejora
de la comunicación de los riesgos, la certeza y la incertidumbre. Con
estos objetivos en mente, llamamos a la reexaminación de las agendas de
las investigaciones científicas, las prioridades de financiamiento, la
enseñanza de la ciencia y la política de la ciencia. Los objetivos
finales de este esfuerzo incluyen:
** Un vínculo más efectivo entre las investigaciones sobre los peligros
y la ampliación de las investigaciones en la prevención primaria, las
opciones tecnológicas más seguras y la restauración;
** Un mayor uso de enfoques interdisciplinarios de la ciencia y la
política, incluyendo la mejor integración de los datos cualitativos y
cuantitativos;
** Métodos de investigación innovadores para analizar los efectos
acumulativos e interactivos de varios peligros a los cuales estén
expuestos los ecosistemas y las personas; para examinar los impactos
sobre las poblaciones y los sistemas; y para analizar los impactos de
los peligros sobre subpoblaciones vulnerables y comunidades afectadas
desproporcionadamente;
** Sistemas de seguimiento y vigilancia continuos para evitar
consecuencias inesperadas de las actividades [humanas] y para
identificar alertas tempranas de riesgos; y
** Técnicas más integrales para analizar y comunicar peligros
potenciales e incertidumbres (lo que se sabe, lo que no se sabe y lo
que puede saberse).
Comprendemos que las actividades humanas no pueden estar libres de
riesgos. Sin embargo, nosotros afirmamos que la sociedad no se ha
percatado del potencial total que tienen la ciencia y la política para
prevenir daños a los ecosistemas y a la salud, mientras garantizan el
avance hacia un futuro más sano y más sustentable económicamente. El
objetivo de la precaución es prevenir daños, no evitar el progreso.
Creemos que la aplicación de políticas preventivas puede fomentar la
innovación en cuanto a materiales mejores, productos más seguros y
procesos de producción distintos.
Instamos a los gobiernos a que adopten el principio de la precaución en
la toma de decisiones ambientales y de salud en caso de incertidumbre
cuando haya riesgos potenciales, así como también a que tomen acciones
preventivas y restauradoras oportunas en los casos en los que se haya
demostrado que ha habido daños. Los elementos de los procedimientos de
toma de decisiones que incorporan el principio de la precaución, como
resumimos arriba, representan aspectos necesarios de procedimientos
racionales y sólidos para prevenir los impactos negativos de las
actividades humanas sobre la salud humana y del ecosistema. Este
enfoque comparte los valores centrales y las tradiciones preventivas de
la medicina y de la salud pública.
--Peter Montague (National Writers Union, UAW Local 1981/AFL-CIO)
=====
[1] Michael Pollan, "Precautionary Principle," NEW YORK TIMES MAGAZINE
Dec. 9, 2001, págs. 92, 94.
[2] Wirthlin Worldwide, "The Precautionary Principle: Throwing Science
Out with the Bath Water," WORTHLIN WORLDWIDE ISSUES PERSPECTIVE
February, 2000. págs. 1-8; disponible en
http://209.204.197.52/publicns/report/PPFINAL.PDF.
[3] Indur M. Goklany, THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE; A CRITICAL APPRAISAL
OF ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT (Washington, D.C.: Cato Institute,
2001). ISBN 1-930865-16-3.
[4] Juan Almendares Bonilla, MD, MS, Profesor de la Escuela de Medicina
de Honduras, Honduras; Molly Anderson, PhD, MS, Directora de Tufts
University GIS Center, Tufts University, USA; Nicholas Ashford, PhD,
JD, Profesor de Tecnología y Políticas, Massachusetts Institute of
Technology, USA; Katherine Barrett, PhD, Investigadora Adjunta de Ley y
Políticas Ambientales, University of Victoria, Canadá; Kamaljit Bawa,
PhD, MS, Profesor Distinguido de Biología, University of Massachusetts
Boston, USA; Pushpa Bhargava, PhD, Director Fundador, Centre for
Cellular and Molecular Biology, India; Finn Bro-Rasmussen, PhD, MSc,
Profesor Emérito de Ciencias Ambientales y Ecología, Danmarks Tekniske
Universitet, Dinamarca; David Brown, ScD, Toxicólogo Sanitario,
Northeast States for Coordinated Air Use Management, USA; Donald Brown,
JD, MA, Director; Pennsylvania Consortium for Interdisciplinary
Environmental Policy, USA; Phil Brown, PhD, Profesor de Sociología y
Estudios Ambientales, Brown University, USA; Richard Clapp, DSc,
Profesor Adjunto de Salud Pública, Boston University School of Public
Health, USA; Terry Collins, PhD, Profesor de Química, Carnegie Mellon
University, USA; Barry Commoner, PhD, Director de Center for the
Biology of Natural Systems, Queens College, USA; Anthony Cortese, ScD,
Presidente, Second Nature, USA; Carl Cranor, PhD, MSL, Profesor de
Filosofía, University of California Riverside, USA; Cathy Crumbley, MS,
Directora del Programa, Lowell Center for Sustainable Production,
University of Massachusetts Lowell, USA; Dianne Dumanoski, MA,
Escritora, USA; Paul Epstein, MD, MPH, Director Adjunto, Center for
Health and the Global Environment, Harvard Medical School, USA; Thomas
Estabrook, PhD, Educador de Salud Laboral, University of Massachusetts
Lowell, USA; Daniel Faber, PhD, Profesor Adjunto de Sociología,
Director del Proyecto, Philanthropy and Environmental Justice Research
Project, Northeastern University, USA; Marian Flum, MS, Directora del
Proyecto, Environmental Justice Minority Worker Training Program,
University of Massachusetts Lowell, USA; Ken Geiser, PhD, Director de
Toxics Use Reduction Institute, University of Massachusetts Lowell,
USA; Michael Gilbertson, PhD, Biólogo, Canadá; Elizabeth Guillette,
PhD, Investigadora Visitante, Tulane and Xavier Universities, USA;
Marissa de Guzman, Asistente de Investigación, University of the
Philippines, Diliman, Philippines; Mary-Elizabeth Harmon, PhD,
Científico de Toxics Campaign, Greenpeace, USA; May Hermanus, MSc,
Inspectora en Jefe de Minas, Department of Minerals and Energy, Mines
Health and Safety Inspectorate, South Africa; Christina Holcroft, ScD,
Investigadora, University of Massachusetts Lowell, USA; Polly Hoppin,
ScD, Investigadora Sanitaria, USA; James Huff, PhD, Toxicólogo,
National Institute of Environmental Health Sciences, USA; Carel
Ijsselmuiden, MD, Directora de School of Health Systems and Public
Health, University of Pretoria; South Africa; Sheila Jasanoff, PhD, JD,
Profesora de Ciencia y Política Pública, Harvard University, USA;
Matthias Kaiser, DPhil, Director, National Committee for Research
Ethics in Science and Technology, Norway; Tom Kelly, PhD, Director de
Office of Sustainability Programs, University of New Hampshire, USA;
Lee Ketelsen, New England Director, Clean Water Fund, USA; Misa Kishi,
MD, DrPH, Especialista Ambiental Agregado, JSI Research and Training
Institute, USA; David Kriebel, ScD, Co-Director de Lowell Center for
Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell, USA; John
Lemons, PhD, MS, Profesor de Biología y Ciencias Ambientales,
University of New England, USA; Richard Levins, PhD, Profesor de
Ciencias Demográficas, Harvard School of Public Health, USA; Edward
Loechler, PhD, Profesor de Biología, Director del Programa de
Bioquímica y Biología Molecular, Boston University, USA; John
MacDougall, PhD, Profesor de Desarrollo Económico y Social Regional,
University of Massachusetts Lowell, USA; Marco Martuzzi, PhD,
Epidemiólogo, WHO European Centre for Environment and Health, Italia;
William Mass, PhD, MPH, Co-Director de Center for Industrial
Competitiveness, University of Massachusetts Lowell, USA; Arlene
McCormack, PhD, Profesora de Proyectos Económicos y Sociales
Regionales, Director de Science and Environmental Health Network, USA;
David Ozonoff, MD, MPH, Profesor de Salud Ambiental, Boston University,
USA; Romeo Quijano, MD, MS, Profesor Adjunto de la Escuela de Medicina,
University of Philippines Manila, Filipinas; Margaret Quinn, ScD,
Profesora de Ambiente Laboral, University of Massachusetts Lowell, USA;
Carolyn Raffensperger, JD, MA, Directora Ejecutiva, Science and
Environmental Health Network, USA; Jorge Riechmann, PhD, Coordinador de
Investigaciones, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud,
Spain; Anthony Robbins, MD, Profesor, Departamento de Salud de la
Familia y de la Comunidad, Tufts University School of Medicine, USA;
Per Rosander, Asesor de Política Química, Kemi & Miljo AB, Suecia;
Ruthann Rudel, MS, Toxicólogo Ambiental Agregado, Silent Spring
Institute, USA; Hans Sanderson, Ecotoxicólogo Acuático, Roskilde
University, Dinamarca; Ted Schettler, MD, MPH, Director Científico de
Science and Environmental Health Network, USA; Reinmar Seidler,
Biólogo, University of Massachusetts, Boston, USA; Vandana Shiva, PhD,
Directora y Fundadora, Research Foundation for Science, Technology, and
Ecology, India; Caroly Shumway, PhD, Investigadora Principal para la
Biodiversidad Acuática, New England Aquarium, USA; Carlos Eduardo
Siqueira, MD, ScD, MPH, Profesor Investigador Adjunto de Ambiente
Laboral, University of Massachusetts Lowell, USA; Craig Slatin, ScD,
MPH, Profesor Adjunto, University of Massachusetts Lowell, USA; Carlos
Sonnenschein, MD, Profesor de Biología Celular, Tufts University School
of Medicine, USA; Colin Soskolne, PhD, Profesor de Epidemiología,
University of Alberta, Canadá; Ana Soto, MD, Profesora de Biología
Celular, Tufts University, USA; Doreen Stabinsky, PhD, Asesora
Científica, Genetic Engineering Campaign, Greenpeace; USA; Andy
Stirling, Dphil, MA, Profesor Adjunto e Investigador Adjunto, Science
Policy Research Unit; Sussex University, UK; Cato ten Hallers-Tjabbes,
PhD, Netherlands Institute for Sea Research, Netherlands; Boyce Thorne-
Miller, MSc, Asesor, USA; Joe Thornton, PhD, Científico Investigador,
Columbia University, USA; Joel Tickner, ScD, Profesor Investigador
Adjunto de Ambiente Laboral, University of Massachusetts Lowell, USA;
Alejandro Valeiro, PhD, Ingeniero Agrónomo, Instituto Nacional de
Tecnología Agrícola, Argentina; Miguel Vales, PhD, Investigador
Agregado, Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba; Reginald Victor,
PhD, Director de Centre for Environmental Studies and Research, Sultan
Qaboos University, Sultanate of Oman; Wendy Wagner, JD, MA, Profesora,
University of Texas School of Law, USA; Cathy Walker, Directora
Nacional de Salud y Seguridad, Canadian Auto Workers, Canadá; Tom
Webster, DSc, Profesor Adjunto de Salud Ambiental, Boston University
School of Public Health, USA; David Wegman, MD, MSc, Profesor de
Ambiente Laboral, University of Massachusetts Lowell, USA; John
Wooding, PhD, Profesor de Desarrollo Económico y Social Regional,
University of Massachusetts Lowell, USA.