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#609 - ¿Pueden las Corporaciones Rendir Cuentas? -- Parte1, 29-Jul-1998

por Richard Grossman*

En 1628, el rey Carlos I le otorgó una cédula real a la Compañía de la
Bahía de Massachusetts. En 1664, el Rey envió a sus comisionados para
ver si esta compañía había estado cumpliendo con las condiciones
establecidas por esta escritura. Los gobernadores de la compañía se
opusieron, declarando que esta investigación violaba sus derechos. En
nombre del Rey, sus comisionados respondieron:

"El Rey no renunció a su soberanía en favor de ustedes cuando los
convirtió en una corporación. Cuando Su Majestad les dio poder para
hacer leyes saludables y para administrar justicia a través de ellas,
no se desprendió de su derecho de juzgar si la justicia era
administrada según como debía ser o no. Cuando Su Majestad les dio
autoridad a ustedes sobre tales súbditos que viven dentro de su
jurisdicción, no los hizo a ellos súbditos de USTEDES, ni tampoco los
hizo a USTEDES su autoridad suprema" [1].

>Desde su niñez, este Rey ha sido llevado a actuar como debería hacerlo
un soberano. ¿Y qué hay respecto a nosotros?

Mediante la Revolución de los Estados Unidos, los colonos le quitaron
soberanía a la monarquía Inglesa y la invirtieron en sí mismos.
Resultando triunfantes de su lucha contra el rey Jorge y el Parlamento,
ellos decidieron que encontrarían la manera de gobernarse a sí mismos.
Lamentablemente, una minoría de colonos estaban unidos y eran
suficientemente ricos para definir a la MAYORIA de los seres humanos en
las 13 colonias como propiedades o como no personas ante la ley y
dentro de la sociedad, sin los derechos que una persona legal estaba
obligada a respetar.

La nuestra fue una soberanía viciada desde el principio. Debido a sus
fracasos morales e injusticias estructurales, clases enteras de
personas tuvieron que organizarse y luchar durante siglos para ganarse
el reconocimiento como parte del pueblo soberano --esto es, tuvieron
que convertirse en una clase suficientemente fuerte para definirse a sí
mismos y no dejar que las personas o instituciones los definieran: los
afroamericanos, los pueblos indígenas, las mujeres, los deudores, los
sirvientes, los inmigrantes...

Hasta el día de hoy, muchos todavía tienen que luchar para ejercer los
derechos de personas, para ser reconocidos como personas por la ley y
por la sociedad.

A lo largo de la historia de esta nación, ha habido mucha reverencia a
la democracia y a la autonomía. Pero a medida que cada generación se
aleja más de la Revolución, la mayoría actúa menos como un pueblo
soberano. Y cuando se trata de establecer la relación adecuada entre el
pueblo soberano y las corporaciones que nosotros creamos, las
generaciones recientes parecieran estar completamente perdidas.

Sin embargo, las generaciones anteriores estaban claras que una
corporación era una entidad artificial, subordinada, sin derechos
inherentes propios y que la constitución en sociedad era un privilegio
conferido por el soberano. Por ejemplo, en 1834, la Asamblea
Legislativa de Pennsylvania declaró:

"En la ley, una corporación es solamente lo que la hace la ley de
constitución en sociedad. Es la criatura de la ley y puede ser moldeada
de cualquier manera o para cualquier propósito que la Asamblea
Legislativa pueda considerar el más propicio para el bien común" [2].

Durante el siglo 19, tanto la ley como la cultura reflejaron esta
relación entre el pueblo soberano y sus instituciones. El pueblo
comprendió que tenía la responsabilidad cívica de no crear entidades
artificiales que pudieran perjudicar el cuerpo político, interferir con
los mecanismos de la autonomía, o arremeter contra su soberanía.

Ellos también comprendieron que no elegían a sus agentes para
posiciones en el gobierno para que vendieran la soberanía del pueblo.
En otras palabras, ellos eran seres humanos que trataban de actuar como
un pueblo soberano. Una cosa que hicieron fue definir la NATURALEZA de
los organismos corporativos que ellos creaban. Si vemos los mecanismos
de los estatutos --y el lenguaje en los estatutos corporativos, las
leyes estatales generales de constitución en sociedad e incluso las
constituciones estatales anteriores al siglo 20-- encontramos lenguaje
preciso, definiendo que frecuentemente era obligatorio y prohibitivo y
auto ejecutor por naturaleza. Estos mecanismos DEFINIAN las
corporaciones al negarles derechos políticos y civiles, limitando su
tamaño, capitalización y duración, especificando sus tareas y
declarando el derecho del pueblo para eliminar del cuerpo político a
cualquier corporación que se atreviera a rebelarse.

He aquí un ejemplo del lenguaje que el pueblo soberano --respondiendo
al ascenso de las corporaciones después de la Guerra Civil-- colocó en
la Constitución de California de 1879, y el cual aparece en otras
constituciones estatales alrededor de ese tiempo:

"Artículo I, sección 2: Todo el poder es inherente al pueblo...

"Artículo I, sección 10: El pueblo tendrá el derecho de reunirse
libremente para consultar acerca del bien común, para instruir a sus
representantes...

"Artículo XII, sección 8: El ejercicio del derecho de dominio eminente
nunca tendrá que ser tan abreviado o interpretado para prevenir que la
Asamblea Legislativa tome la propiedad y las franquicias de compañías
constituidas y las someta al uso público de igual manera que la
propiedad de individuos, y el ejercicio del poder policial del Estado
nunca tendrá que ser tan abreviado o interpretado para permitir que las
corporaciones lleven a cabo sus negocios de manera tal que infrinjan
los derechos de los individuos o el bienestar general del Estado" [3].

El mecanismo principal que el pueblo soberano usó durante el siglo 19
para evaluar si sus creaciones corporativas eran de una naturaleza
debidamente subordinada se denominó QUO WARRANTO. La forma de acción
QUO WARRANTO, como ha observado el abogado Thomas Linzey [4], es una de
las prerrogativas más antiguas de las órdenes judiciales. En las
palabras de la Corte Extraordinaria de Delaware, "el remedio del QUO
WARRANTO se extiende hacia atrás en el tiempo hasta donde llega la
memoria del hombre, y no en el sentido contrario".

QUO WARRANTO significa sencillamente "¿por cuál autoridad?" Todos los
monarcas sabían cómo usar esta herramienta en defensa propia. Ellos se
dieron cuenta de que cuando una entidad subordinada que habían creado
actuaba "más allá de su autoridad", era culpable de rebelión y había
que ponerle fin.

Ahora la soberanía está en nuestras manos, pero la lógica es la misma:
cuando las personas que dirigen una corporación asumen derechos y
poderes que no han sido conferidos por el soberano, o cuando ellas
arremeten contra el pueblo soberano, esta entidad se convierte en una
afrenta para el cuerpo político. Y de igual manera que un cáncer
haciendo estragos en un cuerpo humano, una corporación rebelde como ésa
debe ser eliminada de nuestro cuerpo político.

Durante los primeros cientos de años de los Estados Unidos, el pueblo
se movilizó de manera que las asambleas legislativas, los fiscales
generales y los jueces convocarían a las corporaciones para comparecer
y responder a QUO WARRANTO. En 1890, la más alta corte en el Estado de
Nueva York revocó la escritura de constitución de la Corporación de
Refinamiento de Azúcar en North River, con una decisión unánime:

"La sentencia que se busca contra el demandado es la de muerte
corporativa. El estado que una vez creó, nos pide destruir, y la
penalidad que se invoca representa el rigor extremo de la ley. La vida
de una corporación es, en efecto, menos que la del ciudadano más
humilde, y sin embargo involucra grandes acumulaciones de propiedad,
mueve y lleva en gran volumen los negocios y empresas del pueblo, y no
puede ser destruida sin razones claras y abundantes... Las
corporaciones pueden, y frecuentemente lo hacen, exceder su autoridad
sólo donde son afectados los derechos privados. Cuando se ajustan
éstos, todos los daños cesan y se evitan todos los perjuicios. Pero
donde la transgresión tiene un alcance más amplio, y amenaza el
bienestar del pueblo, este puede emplazar al ofensor para que responda
por el abuso de su franquicia y la violación de su deber corporativo...
La idea abstracta de una corporación, la entidad legal, la impalpable e
intangible creación del pensamiento humano, es en sí misma una ficción,
y ha sido descrita apropiadamente como una figura del discurso... El
estado permite de muchas maneras una agresión de capital, pero,
consciente de los posibles peligros al pueblo, cotejando los
beneficios, mantiene sobre esto una mano limitativa, y una supervisión
prudente, donde tal agregación depende de su permiso y sale de sus
subvenciones corporativas... el estado, creando las personas
artificiales que constituyen los elementos de la combinación y
fracasando en limitar y restringir sus poderes, se convierte él mismo
en el creador responsable, la causa voluntaria, de una agregación de
capital... la corporación demandada ha violado sus estatutos, y ha
fracasado en llevar a cabo sus obligaciones corporativas, de manera tan
material e importante como para justificar una sentencia de
disolución... Por unanimidad" [5].

Una sentencia como ésta no debe ser considerada como un castigo a la
corporación, sino más bien como una reivindicación del pueblo soberano.
Cuando nuestra soberanía ha resultado perjudicada, somos nosotros
quienes tenemos que sanar. El concepto es parecido a lo que Hannah
Arendt relata en su libro EICHMANN EN JERUSALEN (1963), donde escribe
acerca de crímenes Nazis contra la humanidad,

"El transgresor es traído frente a la justicia debido a que su acción
ha perturbado y hecho peligrar gravemente a la comunidad como un todo,
y no porque, como en las demandas civiles, se han cometido daños a
individuos quienes tienen derecho a indemnización. La indemnización
efectuada [aquí] es de una naturaleza completamente diferente; es el
mismo cuerpo político que está en necesidad de ser 'reparado', y es el
orden público general el que ha sido perturbado y tiene que ser
restablecido como estaba. Es, en otras palabras, la ley, no el
demandante, quien debe prevalecer" [6].

No son escasas las decisiones de la corte afirmando la soberanía del
pueblo estadounidense sobre las ficciones corporativas, reconociendo la
necesidad de restablecer el orden público general. En RICHARDSON CONTRA
BUHL, la Corte Suprema de Nebraska declaró a finales del siglo 19:

"En efecto, es dudoso si el gobierno libre pueda existir por mucho
tiempo en un país donde hay cantidades de dinero tan enormes como
ésa... acumuladas en las bóvedas de seguridad de las corporaciones,
para usarse a discreción en controlar la propiedad y los negocios del
país contra el interés del público y del pueblo, para la ganancia
personal y el crecimiento de unos pocos individuos" [7].

[Continuará la próxima semana].

CORRECCION

La Asociación de Consumidores (Consumers Union, CU) no examinó los
quesos empacados en envoltorios de PVDC para alimentos según reportamos
en REHW #603. La CU buscó plastificadores en quesos empacados en
envoltorios de PVC para alimentos. Aunque los envoltorios no contenían
plastificadores de ftalatos (los ftalatos encontrados en el queso
aparentemente son de otra fuente), la CU encontró niveles altos de
adipatos, un grupo de plastificadores relacionado, como reportamos.
Detalles de los exámenes de Consumers Union pueden verse en
.

=====

* Richard Grossman es co-director del Programa sobre Corporaciones,
Leyes y Democracia (Program on Corporations, Law and Democracy,
POCLAD), P.O. Box 246, South Yarmouth, MA 02664-0246. Teléfono (508)
398-1145; E-mail: people@poclad.org. Por $25,00; POCLAD ofrece
un "equipo de contacto" que incluye bibliografía, artículos, una lista
de recursos y una subscripción de un año a su nueva revista trimestral.

[1] Neil Berman, "A Short History of Corporations in Massachusetts,"
escrito para POCLAD, octubre de 1995, pág. 2.

[2] Carter Goodrich, editor, THE GOVERNMENT AND THE ECONOMY, 1783-1861,
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1967, pág. 44 (Reporte del Comité Packer
de la Asamblea Legislativa de Pennsylvania).

[3] Fragmentos de la "Constitución de California de 1879",
seleccionados por el autor, marzo de 1996 (memorándum de POCLAD).

[4] Thomas Linzey y col., Brief in Support of Motion for Peremptory
Judgment, COMMUNITY ENVIRONMENTAL LEGAL DEFENSE FUND V. THOMAS CORBETT,
ATTORNEY GENERAL OF PA ET AL., CIV. NO. 1074 M. D. 1996, pág. [4],
citando a WILMINGTON CITY RAILWAY CO. V. PEOPLE'S RAILWAY CO., 47A,
245, 248 (Del. Ch. 1900).

[5] PEOPLE V. NORTH RIVER SUGAR REFINING CORP., 24 N. E. 834 (1890).

[6] Hannah Arendt, EICHMANN IN JERUSALEM, New York: Viking Penguin,
1977.

[7] RICHARDSON V. BUHL, 43 N. W. Rep. 1102.

Palabras claves: richard grossman; corporaciones; historia
estadounidense; soberanía;

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